Hablar de soberanía digital es fácil… construirla no tanto

Mi columna de esta semana en el diario económico de El Español, Invertia, se titula «Europa quiere soberanía tecnológica… pero sigue alquilando su futuro» (pdf), y trata sobre una idea que lleva ya tiempo circulando por Bruselas, pero que en los últimos meses ha dejado de ser una simple aspiración retórica para convertirse en una urgencia política, económica y geoestratégica: la de que Europa no puede seguir apoyando su economía digital, su administración pública y una parte creciente de sus infraestructuras críticas sobre tecnologías, plataformas y nubes que no controla. No estamos hablando ya simplemente de protección de datos, de multas a las Big Tech o de discusiones regulatorias más o menos sofisticadas, sino de una cuestión bastante más básica: quién tiene realmente la capacidad de decidir sobre las herramientas de las que depende una sociedad cuando esas herramientas dejan de ser accesorios y se convierten en elementos estructurales.

Durante mucho tiempo, Europa se permitió el lujo de pensar que bastaba con regular. Que mientras Estados Unidos innovaba y China escalaba, la Unión Europea podía reservarse el papel de árbitro moral, redactando normas, imponiendo límites y reclamando un espacio digital más justo, más transparente y más respetuoso con los derechos de los ciudadanos. Y en parte lo ha hecho: el DSA y el DMA han intentado poner coto al poder de las plataformas, mientras proyectos como Gaia-X o el Digital Europe Programme buscan construir una infraestructura más alineada con los intereses europeos. El problema es que regular no equivale a competir, y que poner reglas a las tecnologías de otros no te convierte automáticamente en soberano.

La dimensión real del problema aparece cuando uno mira la capa menos visible, pero mucho más decisiva, de la economía digital: la infraestructura. Según el especial de Financial Times con Sopra Steria, las compañías estadounidenses controlan en torno al 70% del mercado cloud europeo, una cifra que explica bastante bien hasta qué punto la supuesta autonomía digital del continente tiene todavía mucho de desiderátum. Cuando una parte tan importante del almacenamiento, del procesamiento y de la capacidad de cómputo depende de proveedores sujetos a legislación extranjera, hablar de soberanía sin tocar esa dependencia suena, como poco, voluntarista.

Lo interesante es que esa preocupación ya no se queda en el plano institucional. Está empezando a permear a empresas, administraciones y responsables políticos de una manera mucho más tangible. Un artículo reciente en Wired explicaba cómo varios países europeos y un número creciente de organizaciones están empezando a replantearse su dependencia de Amazon, Microsoft o Google por miedo a que esa dependencia termine volviéndose contra ellos, y citaba incluso el caso de la Cámara de Representantes neerlandesa aprobando mociones para reducir esa exposición. En paralelo, cada vez más países europeos empiezan a considerar que seguir externalizando su soberanía digital a compañías estadounidenses puede salir demasiado caro, no solo en dinero, sino en capacidad de maniobra.

Ese movimiento no significa, ni debería significar, autarquía digital. Sería absurdo pensar que Europa puede o debe desconectarse por completo de Estados Unidos, del mismo modo que sería ingenuo suponer que puede construir de la noche a la mañana sustitutos plenamente competitivos para todo. El punto no es ese. El desacoplamiento tecnológico europeo ya ha comenzado, pero será largo, costoso y exigirá un grado de coordinación entre estados miembros que la Unión no siempre ha demostrado tener. La cuestión no es si Europa puede vivir sin tecnología estadounidense, sino si puede permitirse seguir dependiendo de ella en ámbitos estratégicos sin desarrollar al mismo tiempo alternativas propias, interoperables y razonablemente competitivas.

Y ahí es donde la conversación se vuelve incómoda, porque la soberanía tecnológica no es gratis. CEPA estimaba a finales del año pasado que una estrategia integral de sustitución y autonomía digital podría costar del orden de 3.6 billones de euros, y otros análisis del mismo think tank elevan la factura potencial a una horquilla de entre 3 y 5 billones si se pretendiese reemplazar masivamente tecnología, software, hardware y servicios no europeos. Es decir, la soberanía tecnológica puede ser deseable, pero desde luego no sale barata. Obliga a invertir, a asumir duplicidades, a aceptar ineficiencias temporales y, sobre todo, a entender que depender de otros también tiene un coste, solo que normalmente está oculto… hasta que deja de estarlo.

También resulta revelador que esta discusión esté impulsando un renovado interés por el código abierto, la interoperabilidad y los estándares transparentes. ITPro citaba hace apenas unos días el informe State of Open Source Report 2026 de Perforce, según el cual el 63% de las organizaciones de la UE y el Reino Unido señalan el riesgo de vendor lock-in como una de las principales razones para apostar por soluciones open source, frente al 51% en Estados Unidos. No es una diferencia menor. Es la señal de que la autonomía empieza a entenderse no solo como una cuestión de bandera o de discurso político, sino como una arquitectura tecnológica menos cautiva, más auditable y más compatible con la idea europea de control, resiliencia y pluralidad.

En el fondo, de eso trata mi columna: de señalar que la soberanía tecnológica europea no puede seguir siendo una consigna bonita para comisarios y estrategas, sino que tiene que empezar a traducirse en decisiones concretas, en prioridades industriales y en una cierta madurez geopolítica. Porque Europa puede seguir creyendo que su papel consiste en civilizar a las plataformas de otros mientras alquila su infraestructura, su computación y buena parte de su futuro digital, o puede asumir de una vez que la dependencia tecnológica, en un mundo inestable, no es una comodidad: es una vulnerabilidad. Y las vulnerabilidades, cuando el contexto se complica, acaban siempre pasando factura.